Violencia de género: Estado, mujer y sociedad ¿De quién es la culpa?

Opina - Judicial

2016-06-13

Violencia de género: Estado, mujer y sociedad ¿De quién es la culpa?

En Colombia la lucha para prevenir, investigar y sancionar las violencias contra la mujer mediante la expedición de herramientas legislativas con el objetivo de enfrentar la histórica discriminación y actos de vulneración que contra ellas se ha ejercido dentro de contextos de machismo y estructuras patriarcales, es realmente reciente.

El primer avance en el tema se presenta con la Ley 51 de 1981, que ratificó la convención para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer, pero que no significó un avance significativo o de fondo, especialmente para sancionar conductas punibles que violentaran a la mujer, especialmente en materia de delitos sexuales, pues el Código Penal de 1980 extinguía la acción penal en los casos de acceso carnal violento siempre que el agresor contrajera matrimonio con la víctima.

Si se mira desde un enfoque de género, la medida constituía una revictimización de la mujer y evidentemente carecía de cualquier criterio diferencial para el tratamiento de estos hechos, pues eran considerados delitos contra el pudor.

Los verdaderos avances se pueden referir a la ratificación de la Convención para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, llamada Convención de Belem do Pará, adoptada mediante la Ley 248 de 1995, que conlleva entre otras a la reforma penal de 1997 en materia de delitos sexuales donde el eje de protección o bien jurídico tutelado sería la dignidad humana incluyendo un incremento de la pena para estos delitos en un máximo de 20 años, y además elimina la causal de extinción de la acción penal mencionada anteriormente. Desafortunadamente las penas son rebajadas con la Ley 599 de 2000.

En el año 2008 se expide la ley 1257 con un contenido dirigido a crear responsabilidades tripartitas entre la familia, el Estado y la sociedad, y un trabajo interinstitucional entre las entidades estatales que deban responder ante los casos de mujeres violentadas, en cualquiera de sus formas, de forma que se garantice la prevención, la investigación y sanción, y el restablecimiento de los derechos de las mujeres.

A pesar de estos avances o esfuerzos legislativos, la respuesta estatal todavía es débil frente a los casos de violencias contra la mujer.  Las entidades carecen de capacidad estructural y algunos funcionarios, encargados de la atención de víctimas de violencia sexual o cualquier forma de violencias basadas en género siguen sin esta perspectiva o enfoque diferencial. He conocido casos donde las autoridades han devuelto a la mujer denunciante para “que se arregle con su pareja”, es decir, lo perdone y siga recibiendo golpes, a veces causando incluso la muerte, en aras de proteger la unidad familiar.

De igual forma, casos presentados donde las autoridades, ante casos de violación o delitos sexuales, pretenden reprender a la víctima con frases como “¿de esto qué aprendió?”, volviendo a la revictimización y reforzando el estereotipo de “algo habrá hecho” o “ella se lo buscó” impiden realmente la efectividad y operatividad de leyes como la 1257, lo que resulta grave teniendo en cuenta que según Medicina Legal en el año 2015 cerca de 63.000 mujeres denunciaron ser víctimas de violencia sexual, y que se estima que de 10 víctimas solamente 1 se atreve a denunciar precisamente por la revictimización o las nuevas agresiones por omisión estatal.

Además de este aspecto institucional, se debe tener en cuenta que el Estado y sus funcionarios resultan ser un reflejo de la sociedad y sus imaginarios. Un funcionario que brinda este tipo de respuestas, es un ciudadano que piensa y actúa igual en su entorno personal, y conforma una sociedad que no solamente naturaliza las agresiones sexuales y de género, sino que las justifica o peor aún, culpabiliza a la víctima de la propia agresión.

Imagen cortesía de: semmexico.org

Imagen cortesía de: semmexico.org

Un ejemplo de esto es precisamente lo ocurrido reciente en Brasil, en el que una joven fue violada por 30 salvajes, y quien recibió no solamente tratos revictimizadores por ciertos funcionarios, sino mensajes que la acusaban de haber causado su propia desgracia. Igualmente el caso norteamericano de violación en una prestigiosa universidad, y en el que la pena al agresor fue casi la de una contravención, al tiempo que el padre de éste afirmaba que se trató únicamente de “20 minutos de acción” para reducir la gravedad de los hechos. Y en nuestro propio país, el concepto de la Secretaría de Gobierno en el que consideraba culpable a Rosa Elvira por su violación y posterior asesinato.

Pero existe una cara del problema que tampoco se aborda y que configura una forma de revictimizar. Mujeres que luego de ser agredidas por sus parejas, como en el caso del jugador Pablo Armero, deciden en algunas veces regresar con ellos por considerar aspectos como la conservación de la unidad familiar, la sostenibilidad y dependencia económica de sus hijos y ellas, o incluso la misma justificación que han aprendido en un entorno patriarcal en el que ser mujeres las hace merecedoras de las agresiones y de los abusos,  las han convertido en receptoras de rechazos sociales y acusaciones sin comprender que el problema radica precisamente en como hemos perpetuado y naturalizado los abusos y las dependencias. Están siendo revictimizadas, y la denuncia se convierte en un silencio que las lleva al padecimiento de un proceso de muerte progresivo.

Las mujeres que deciden denunciar los abusos, y en muchos casos hombres con orientación sexual diversa, en lugar de ser apoyadas y acompañadas en el proceso como víctimas, alentadas a emprender una lucha personal, son abandonadas a la revictimización estatal y social por un entorno machista que considera a la víctima como la responsable de su propia agresión.

El reto del Estado no es tanto en materia legislativa, pues recientemente se tipificó el delito de feminicidio o la llamada Ley Natalia Ponce como muestra del avance normativo y punitivo, ya que estas medidas se quedan en la concepción de la ley como conjuro de los males que atacan a la sociedad.

El verdadero reto, de la mano con el fortalecimiento del Estado en materia presupuestal y técnica, radica en los esfuerzos para romper esos imaginarios asociados a la naturalización de la violencia de género y las visiones familistas, el desmonte del entorno machista y la culpabilización de la víctima, pues mientras no exista este esfuerzo conjunto, las víctimas callarán y los agresores percibirán que sus acciones fueron solamente 20 minutos de acción.

 

**Luego de escribir la columna se suscitó el debate por la respuesta de Néstor Humberto Matínez a la Corte Suprema de Justicia sobre la violencia intrafamiliar. Esas declaraciones se basan en la visión familista y niegan el riesgo de revictimización en las mujeres. Un Fiscal con esa visión en un país con altos índices de violencia de género es un flaco favor a perpetuar los abusos que por años se ha luchado por acabarlos.

Publicada el: 13 Jun de 2016

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Gilberto Zuleta Ibarra
Abogado especialista en derecho administrativo magíster en derechos humanos y democratización y diploma en relaciones internacionales. Docente y consultor. Caleño radicado en Bogotá.