¿Por qué?

Opina - Judicial

2016-12-09

¿Por qué?

Ante hechos tan dolorosos y execrables como el homicidio inmisericorde, acompañado de la máxima agresión sexual cometida contra una niñita indefensa, la primera reacción es preguntar ¿por qué?, ¿qué está pasando en nuestra sociedad para que esa clase de comportamientos se presenten de manera tan reiterada?

Tal vez se pudiera aventurar una aproximación a la comprensión del fenómeno, una propuesta para el debate sobre su etiología, que no para alcanzar su explicación, pues es demasiado grave, demasiado complicado y demasiado doloroso para tener una sola causa.

Uno de los primeros aspectos que llama la atención es el hecho de que esta clase de comportamientos contra la libertad y el honor sexuales, particularmente contra mujeres y contra menores de edad, ha ido in crescendo en los últimos años.

En 2014 un informe de la Corporación Sisma Mujer, difundido por  RCN, publicó datos de unas estadísticas del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, según los cuales en ese año cada 14 minutos una mujer fue víctima de algún tipo de agresión por parte de su pareja o expareja, y cada 33 minutos fue víctima de violencia sexual.Otro informe publicado en el periódico El Tiempo, en mayo de 2015 hablaba ya de que diariamente se estaban presentando 38 casos de esta última clase de agresión.

Para octubre de 2015 se tenía que en ese año, el Instituto de Medicina Legal había practicado 13.000 exámenes médicos por presunto delito sexual y, aunque el mayor número de denuncias se refería a  violaciones de niñas entre 10 y 14 años, anotaba, sin embargo, que los niños son más vulnerables entre los 5 y 9 años.

Como se puede ver, las cifras van en aumento. Y, paradójicamente, las normas penales que sancionan estos delitos han ido endureciéndose, desde las penas de 2 a 6 años previstas en el código penal de 1936 que rigió hasta 1980, hasta la de 12 a 20 años que rigen actualmente para la violencia carnal tanto contra adultos como contra menores; además del endurecimiento que implicó la expedición de la Ley 1098 de 2007, que introdujo el Código del Menor y prohibió rebajas o acuerdos y negociaciones que supongan disminución de las penas para los autores de delitos contra menores.

No obstante, pese al endurecimiento y el aumento de las penas, estas acciones delictivas no disminuyen, sino que han incrementado, lo que lleva a pensar en la necesidad de buscar en otra dirección.

Una arista, como la relacionada, por ejemplo, con el hecho de que estos actos no son exclusivamente agresiones contra la moral, como se les suele tratar, sino básicamente atentados contra la libertad y la autonomía sexual de la víctima, podría darnos alguna pista.

Porque, en otras palabras, el violador y el abusador no son simplemente individuos pervertidos, desviados, enfermos o hipersexuales, como se les ha solido tratar. Son, ante todo, individuos autoritarios. Sujetos que pretenden imponerse sobre la víctima, forzarla, obligarla, doblegar su resistencia, privarla de su libre albedrío, del libre ejercicio de su opción al ejercicio de su autonomía y, por supuesto, de su sexualidad. Y esa comprobación arroja luz acerca de los componentes sociológicos que podrían explicar, al menos en parte, el por qué ni el incremento de las penas, ni el endurecimiento del tratamiento penal ha impedido la proliferación, especialmente en los últimos años, de una serie de agresiones, evidentemente infames en contra de las mujeres y de niños.

No es gratuito que sean estas las víctimas: el fenómeno del incremento de las agresiones corre paralelo con el del empoderamiento de esos sectores de la sociedad.

En efecto, tanto mujeres como niños han ido ganando lenta pero progresivamente, importancia, reconocimiento y visibilización en una sociedad tradicionalmente machista y patriarcal que siempre silenció a la mujer y al niño.

Antes, la mujer casada escribía su nombre y su apellido, acompañado de la preposición “de” para dar a entender que tenía “dueño”. Y eso para no hablar de la consagración legal (en el artículo 383 del código penal que rigió hasta 1990) de ciertas figuras como el uxoricidio honoris causa que permitía prescindir de la sanción penal en contra del marido que matase a la mujer sorprendida in flagrante adulterio. Decía la norma: Cuando las circunstancias especiales del hecho demuestren una menor peligrosidad en el imputado, puede otorgarse el perdón judicial y aun eximirse de responsabilidad. 

A las mujeres no se les permitía ni siquiera ser bachilleres, ni acceder a la Universidad, ni participar electoralmente en la vida política del país.

Por demás, en las familias y colegios se nos enseñaba que “cuando hablan los mayores, se callan los menores” y los niños de mi generación siempre estábamos en los últimos puestos de consideración para todo.

En cambio, los tiempos modernos han traído lentos pero evidentes cambios en todos los sentidos, al punto de que la mujer ocupa hoy día un lugar preponderante en la vida económica, cultural, política y social; y los niños han sido elevados por la Carta Política al lugar de sujetos preferentes de derechos.

Pese a ello, o quizá por eso mismo, tales cambios han corrido paralelos con la erupción de síntomas evidentes de autoritarismo social que han aflorado por doquiera con el pretexto de la defensa y la reafirmación de los llamados “valores tradicionales” afincados en las concepciones político-religiosas y sociales más conservadoras y retrógradas.

Nuestra sociedad es autoritaria, admira al macho armado, fuerte, al que hace lo que quiere, que violenta las normas porque le da la gana, que habla duro, que hace prevalecer su voz, que amenaza con darle en la cara al marica.

Las actitudes autoritarias se manifiestan en hechos tan sutiles como el simple hecho de subirle el volumen al equipo de sonido hasta niveles que impiden a los vecinos escuchar hasta sus propios pensamientos; o de andar en una motocicleta por las aceras o arrancándoles los retrovisores a los vehículos congelados en medio del trancón.

Incluso, en la región llanera surgen partidos políticos, como el Movimiento Machista Nacional o el Movimiento Machista Casanareño, que se construyen sobre la base de la sumisión femenina.

El mayor insulto para un niño es llamarlo nenita o mariquita. Y basta ver los comentarios descalificadores e insultantes de quienes visitan las columnas de los periodistas de las versiones digitales de la prensa nacional, para observar otro ejemplo de esas actitudes.

De modo que en lugar de contribuir al incremento del autoritarismo clamando por medidas desesperadas y de fuerza como la pena de muerte o la cadena perpetua, propias de cerebros calenturientos, es necesario comenzar desde las propias familias a cambiar la orientación tradicionalmente violenta y machista de esta sociedad.

Se dirá que eso no responde a qué hacer con el asesino de Yuliana. Para él, el código penal le tiene guardada una pena mínima de 40 años de prisión, por homicidio agravado por dos causales, en concurso con acceso carnal abusivo, y sin la posibilidad de negociaciones de pena, ni de rebajas, tal como quedó arriba explicado.

Pero tenemos que prevenir nuevas Yulianas y la mejor forma es abstenernos de fomentar el machismo y el autoritarismo y, por el contrario, aclimatar a toda costa el respeto por el derecho ajeno y, sobre todo, por la libertad del otro como la más clara confirmación del propio derecho; en fin, reafirmando los valores nuevos fundados en el respeto por la dignidad humana, podremos construir una nueva sociedad en la que las Yulianas solo sepan del ahogo que producen la risa y la alegría.

 

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Armando López Upegui
Historiador, Abogado, Docente universitario y Maestro en Ciencia política.