Ni comisión ni tribunal

Opina - Judicial

2017-09-26

Ni comisión ni tribunal

Colombia no aguanta un escándalo más. Así es, ya los ciudadanos de esta sufrida patria estamos hartos de todos los líos de corrupción protagonizados por quienes ostentan cargos de “honor” en las distintas ramas del poder público.

Es tal el grado de metástasis que ha hecho el cáncer de la corrupción que de su corrosivo recorrido no se ha salvado nadie, que por tan maligno tumor hemos visto que a “cuidados intensivos” ingresan todos los días la honra y buen nombre de “honorables” presidentes, ministros, congresistas, gobernadores, alcaldes, diputados, concejales, procuradores, fiscales, contralores, militares, policías, funcionarios de medio y bajo rango de la administración pública y todo aquel que de una u otra forma tiene alguna conexión con la política, los gremios y hasta la prensa. Mejor dicho, la corrupción acabó hasta con el nido de la perra en este país.

Lo irónico de todo esto es que ad-portas de un año electoral todos los que aspiran a ser elegidos a cargos de tan altísima dignidad como la Presidencia de la República y el Congreso, han salido a cabalgar en sus campañas sobre el caballito de la lucha contra la corrupción, ofreciéndonos ahora el oro y el morro para combatirla, cuando han sido ellos precisamente quienes han servido de caldo de cultivo para que este endémico maleficio nos ataque sin piedad.

Ahora, de los candidatos hemos escuchado propuestas como adelantar referendos, constituyentes, consultas anticorrupción y hasta tribunal de aforados, haciéndonos creer que cual Manuel Elkin Patarroyo, tienen en sus manos la cura para el cáncer de la corrupción.

Los Verdes, por ejemplo, abanderados por la Senadora y ahora candidata presidencial Claudia López, han propuesto la creación de un tribunal de aforados que se encargaría de investigar y juzgar a los más altos funcionarios del Estado y que reemplazaría la no grata comisión de acusaciones. Dicha propuesta murió cuando la Corte declaró su inconstitucionalidad.

A mi modo de ver, un tribunal de aforados no es la panacea para resolver la grave crisis de institucionalidad que por cuenta de los corruptos se vive dentro del aparato estatal, posiblemente sea un pañito de agua tibia porque sería algo así como cambiarse la camisa sin bañar el cuerpo, permitiendo solamente que se mantenga el Status Quo.

Es que el cáncer no se puede tratar con acetaminofén tal como están acostumbradas las EPS a tratar las graves enfermedades de sus indefensos afiliados. No señores, para un mal mayor se necesita un remedio mayor y para atacar la enfermedad de la corrupción hay que atacarlo con contundencia.

¿Cómo así que hay que tener contemplaciones y respetar el fuero de quienes no les ha temblado el pulso para robarse la plata de la salud y de la educación? El dinero que se necesita para cubrir las necesidades de la población que los elige y que es precisamente el billete que ponemos los electores que luchamos a brazo partido por hacer nuestras vidas de manera honesta y sacar a nuestras familias adelante, para educar a nuestros hijos para que cuando lleguen -si pueden- a ocupar esos cargos en el futuro, no hagan lo que han hecho los mismos de siempre con nuestros impuestos, robarse la plata para vivir su vida loca.

Y como este país ya no aguanta un escándalo más, se necesitan decisiones radicales, hechos reales que devuelvan la confianza en las instituciones. Por eso a Colombia no le sirve una comisión de acusaciones manipulada por la política, que en casi 40 años de historia no ha hecho nada por escribirla; mucho menos un tribunal de aforados del que lo único que se ha dicho es que sus miembros serán nombrados por el “honorable” Congreso que seleccionará (según le convenga) de una lista de “honorables” elegibles, pero que no sabremos si esa lista saldrá del que sombrero mágico de algún influyente “empresario o gremio” o de la cofradía corrupta de nuestra clase política conformada por la “gente bien” de Colombia.

Aquí lo que se necesita es que los honorables corruptos, una vez sean descubiertos, pierdan todos sus beneficios, pierdan el fuero y sean sometidos a la jurisdicción ordinaria para ser juzgados como todos los delincuentes. Que mientras hacen curso sus casos, vayan a cárceles comunes y corrientes como cualquier delincuente, sin beneficios de casa por cárcel que terminan siendo sus palacios en Cartagena adquiridos fraudulentamente, o guarniciones militares que terminan siendo un resort para ellos.

Lo mismo debe ocurrir en caso de ser hallados culpables. Que no existan beneficios como rebaja de penas ni acuerdos con fiscales corruptos, que no apliquen vencimientos de términos, porque robarse el dinero del pueblo debe ser un delito de lesa humanidad.

La Fiscalía debe ejercer la acción de extinción de dominio de todos los bienes de los funcionarios incursos en tales casos de corrupción, incluidos los de sus hijos, padres y todo su círculo para evitar traspasos y testaferratos.  Los culpables de corrupción deben devolver la plata robada más intereses por los perjuicios causados, es decir, se les debe perseguir con todo el peso de la ley, sin contemplaciones, sin dilaciones y sin contemplaciones, pues ellos no las han tenido ni siquiera para detenerse a pensar en el perjuicio tan grande que le causan a la población cuando llegan a robarse la plata del Estado que está destinada para la educación, la salud, la vivienda, las vías, el campo.

Y, plagiando a los verdes, si de verdad queremos “vencer al corrupto” no se necesitan consultas, referendos, constituyentes, tribunales o comisiones; se necesita que cuando salgamos a las urnas lo hagamos de manera consciente y no le otorguemos el voto a los honorables corruptos de Colombia.

 

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Diego Luis Amaya
Ingeniero de Sistemas, no me siento ni a la izquierda ni a la derecha, amo mi país y estoy convencido que el poder de la palabra es mayor que el de las armas.