La Corte Penal Internacional viene tras los pasos de los falsos positivos

Opina - Conflicto

2017-09-13

La Corte Penal Internacional viene tras los pasos de los falsos positivos

Hace un par de semanas vino a Colombia Fatou Bensouda, fiscal jefe de la Corte Penal Internacional en una visita oficial que ocurrió por primera vez y con interés especial de conocer si están avanzando o no las investigaciones para encontrar a los máximos responsables de las ejecuciones extrajudiciales, más conocidas como falsos positivos, que habrían presentado su mayor pico entre 2004 y 2007, durante el gobierno del expresidente y hoy senador Álvaro Uribe Vélez.

Desde 2002, cuando Besouda asumió las riendas de la CPI, dejó claro que este asunto era de solución prioritaria, pues ‘parecen haber sido cometidos a gran escala y de forma sistemática en cumplimiento de una política de Estado o de una organización’.

Según informes de prensa, la oficina principal de la CPI le venía siguiendo la pista a 23 generales y seis coroneles, activos y retirados, que habían comandado unidades militares que podrían estar involucradas en 1.228 falsos positivos, por lo menos. Previamente, la Fiscalía de Montealegre tenía a su cargo 2.760 procesos de ejecuciones extrajudiciales en los que estaban involucrados miembros de la Fuerza Pública, los cuales habían dejado 3.185 víctimas.

Sin embargo, la cabeza visible del gobierno de ese entonces, Álvaro Uribe, ha sido reacio a que desde cualquier punto de vista se le señale de responsable de dichas acciones. Incluso ha caído en actos de revictimización como afirmar en Twitter: ‘En reunión con las Madres de Soacha varias me expresaron que sus hijos estaban infortunadamente involucrados en actividades ilegales, lo cual no excusa asesinatos, pero la hipótesis no fue examinada por la justicia’. Un trino tan polémico que lo hizo acreedor de una denuncia por injuria y calumnia ante la Corte Suprema. Denuncia que finalmente ganaron las Madres de Soacha, obligando al expresidente ha disculparse sin hacer mucha alharaca.

Este pequeño viaje al pasado nos sirve para ver la actitud del Senador frente a la gravedad de lo sucedido durante su mandato presidencial. ¿Por qué Uribe pretende descargar la culpa de los falsos positivos en las víctimas? ¿Por qué como ‘inocente’ actor de estos crímenes de lesa humanidad no procura que se esclarezca todo?

Podría uno pensar fácilmente que Uribe sabía lo que pasaba con las ejecuciones extrajudiciales y que buscó, desde siempre, la manera de tratar de ocultar toda su responsabilidad.

Como medidas estructurales, Uribe apoyó la candidatura de Alejandro Ordóñez a la Procuraduría General, quien sería el juez disciplinario de las Fuerzas Armadas y en cuyo momento álgido, tras conocerse el informe de Human Rights Watch (HRW) ‘El rol de los altos mandos en falsos positivos’ donde se relacionan 16 generales del Ejército, entre activos y no con los falsos positivos, expresó como Procurador: “una condena fuerte a esas conclusiones (de HRW), por ligeras y envenenadas”. Mostrando claramente cuál era su postura frente a lo que hoy son crímenes de lesa humanidad.

Uribe Vélez también hizo lo suyo promoviendo la candidatura presidencial de Juan Manuel Santos, con quien se une estrechamente gracias a la responsabilidad de los falsos positivos —aunque hoy parezcan distanciados— dados también en épocas en que Santos era Ministro de Defensa. Por su parte, al conocer el informe que tocaba a tantos Generales, Santos dijo “que no nos vengan a manchar la institución”.

Entre esos altos oficiales aparecen los nombres de Juan Pablo Rodríguez, comandante de las Fuerzas Militares; los excomandantes del Ejército Jaime Lasprilla y Mario Montoya, de quien se sabe le decía a sus comandantes encargados: “Yo no quiero regueros de sangre. Quiero ríos de sangre. Quiero resultados”.

Uribe tenía que saber qué sucedía y cómo se daban los falsos positivos, ¿o es que mientras era Presidente otro se encargaba de cuidar su preciado huevito, la seguridad? Él, como jefe directo del comandante del Ejército Nacional tuvo que enterarse de las acciones criminales que estaban cometiendo los soldados, por órdenes de arriba, y el incentivo económico que recibían para tales hechos, pues les pagaban hasta $3’815.000 por guerrillero abatido, como es claro en la directiva 29 de 2005 expedida por el entonces Ministro de Defensa Camilo Ospina. Todos los caminos conducen a Uribe en el tema de falsos positivos, como planteó Jorge Gómez Pinilla hace un par de años.

La Fiscalía actual sostiene que desde que se empezaron a investigar estos crímenes al menos 130 sentencias destacan la existencia de un plan criminal y 107 han dejado en evidencia ‘la existencia de una orden clara para cometer las conductas o de una conducta instigadora’. Esto contraría ciertamente el rumbo de los procesos penales, pues estos han castigado e investigado principalmente a cabos y soldados. Los altos oficialices hoy no son investigados precisamente gracias a la gestión del exprocurador Ordóñez o la disposición del expresidente, sino por la intervención de la CPI y de organismos como HRW.

Aunque muchos no entienden cómo podría la Corte Penal Internacional actuar en este caso, lo cierto es que tiene plaza abierta frente a la inoperancia del ordenamiento jurídico interno (Fiscalía como encargada de la persecución criminal, y jueces, el de condenar a los victimarios). En el caso de investigación a altos dignatarios como Uribe, tambien podría entrar a intervenir ante la inercia e inoperancia de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes.

Ya que no parece existir tribunal en este país que investigue y castigue a Uribe, esperemos que la Corte Penal Internacional le ponga freno a la impunidad total que el líder del Centro Democrático está tratando de perpetuar, ya sea confundiendo con cortinas de humo cada vez menos efectivas o pidiéndole a la gente que lo defienda cuando se digan malas cosas de él, porque es un tipo que quiere al país. Lástima que el amor a veces haga tanto daño.

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Ian Schnaida
Periodista, docente, director de conlaOrejaRoja.com